El respeto a la legalidad por parte de los poderes públicos forma parte de la libertad de todos. Cuando un gobernante se cree legitimado para actuar al margen de la ley (sea en temas grandes o pequeños) estamos ante un supuesto de corrupción y semilla de totalitarismo liberticida. No hay libertad para los pueblos si los gobernantes no se someten al derecho. Más allá del derecho está la arbitrariedad, cuya intensidad solo dependerá de la voluntad del gobernante situado al margen del derecho. Cuando quien gobierna se cree legitimado para saltarse la ley, es que ha convertido su voluntad en ley y por lo tanto el grado de agresión a la libertad solo dependerá de su voluntad: ya todo es posible; nada es seguro ni predecible. Esto es lo que pasa en Cataluña –y, por tanto, en España- en estos momentos.
El respeto al derecho forma parte de la ética del gobernante y es garantía de la libertad de los gobernados. Cuando un poder del Estado -sea el ejecutivo, el legislativo o el judicial- actúa al margen del derecho, la ética ha desaparecido de la vida pública; esta es la mayor de las corrupciones pues convierte la vida social en un terreno abierto a cualquier aberración pues ya la única ley es la voluntad omnímoda del gobernante. Esta es la génesis de las dictaduras totalitarias modernas: el fürher, el duce, el parlament, el president, el caudillo o el secretario del partido encarnan la presunta voluntad del pueblo y por eso su voluntad es el único criterio para la legitimidad moral o legal. El orden de la razón ha sido sustituido por el orden del voluntarismo del poder. Ya todo es posible. Esto es lo que pasa hoy en Cataluña y, por tanto, en España.
No olvidemos que esto está pasando en España, porque Cataluña es España. La responsabilidad de esto es de todos, aunque sea en distinto grado y por distintos conceptos. Y, además, es tan grave lo que está pasando que las causas no pueden estar solo en lo sucedido en el pasado más inmediato sino que tiene que haber causas de largo recorrido; causas que seguro que empezaron a asentarse con pequeñas y aparentemente poco relevantes decisiones u omisiones de unos y otros que -para resolver un problema inmediato y urgente- decidieron hacer pequeñas cesiones en el respeto al derecho y a la ética sin percatarse de que empezaban a abrir una fisura en la columna maestra del edificio, fisura pequeña pero de largo recorrido pues las pequeñas fisuras siempre acaban en grandes demoliciones si no se taponan a tiempo.
Estamos ante una gangrena en órgano esencial del cuerpo de España y –al margen de cual sea su origen y responsables- hay que cortar la gangrena por doloroso que resulte. Ante la extensión y virulencia del cáncer, ante la manifestación explosiva del voluntarismo totalitario en una parte del cuerpo social e institucional de España, lo primero es cortar la infección de forma radical (por supuesto dentro de la legalidad, pues de lo contrario lo que haríamos es extender la misma enfermedad para combatirla). Toca por tanto aplicar todos los mecanismos legales y sociales para acabar con la enfermedad mortal. No caben las soluciones de convivencia con el cáncer ni limitarse a laminar temporalmente sus efectos más llamativos. Hay que erradicarlo de raíz pues de lo contrario acabará con la vida de todo el organismo nacional y puede contaminar incluso más allá de nuestra fronteras. Esta labor corresponde a todos los poderes del Estado, a todas las fuerzas políticas y a todos los agentes sociales.
Para ello hay que colaborar hoy con el Gobierno y resto de las instituciones, incluso aunque en esas instituciones identifiquemos a parte de los causantes directos o colaterales de la infección. Aunque Rajoy y el PP y otros partidos políticos como el PSOE y el TC y ciertos jueces y tribunales y algunos medios de comunicación y empresarios tengan –y la tienen- responsabilidad en lo que está sucediendo, toca apoyarlos a todos para que todos ellos coadyuven a atajar lo absolutamente inadmisible. Esta es la labor urgente e inaplazable de hoy. Pero si nos limitásemos a esto, la infección volverá a aparecer en breve.
Hay que ser sinceros y valientes para hacer una reflexión y análisis serios para entender cómo hemos llegado a esta situación de riesgo para nuestra democracia y sistema de libertades. El Parlamento y el conjunto de la sociedad española –no solo la catalana- deberán después del 1 de octubre mirar sin prejuicios y con el dolor que sea necesario nuestro reciente pasado democrático para identificar las causas últimas de esta explosión pública de mentalidad totalitaria, amenaza para las libertades de todos, renuncia a la ética y desprecio a la ley que suponen las últimas decisiones del parlamento y el gobierno catalanes. Y es evidente que las culpas no están solo ni principalmente en algunas fuerzas políticas y sociales catalanas; hay mucha culpa y responsabilidad también en los grandes partidos políticos que han gobernado España desde 1978 y en algunos de los que han estado en el Congreso sin gobernar pero condicionando la política; y hay mucha culpa en ciertos jueces y tribunales –empezando por el TC- que han ido consintiendo, cuando no promoviendo, un deslizamiento suave hacia un conformismo con lo alegal e incluso con lo manifiestamente ilegal; y hay mucha culpa en la sociedad civil por su conformismo y desmovilización, cuando no complicidad, con los abusos y juegos de poder de los profesionales del poder; y hay mucha culpa en ciertos medios de comunicación rendidos ante el poder político local o regional que nutrían sus arcas a cambio de silencios o aplausos de gallinero; y hay mucha culpa en tantas empresas que a cambio de migajas del presupuesto y otras prebendas en materia de contratación pública o subvenciones, consentían, tapaban o apoyaban conductas ilegales; y hay mucha culpa en tantos ciudadanos que pasan de la política, disculpan lo injustificable, viven solo para su interés particular olvidándose del interés general o se desentienden de su responsabilidad de ayudar a construir una sociedad justa, respetuosa con la ley y éticamente exigente.
En este proceso de reflexión y análisis responsables habrá que revisar nuestro reciente pasado sin contemplaciones ni subordinación intelectual a los tópicos comodones de lo políticamente correcto, con mentalidad abierta a introducir los cambios que sean necesarios en nuestras leyes e instituciones, sin limitaciones derivadas de las personales o corporativas posiciones de poder, sin la mentalidad infantil de negar la realidad por el procedimiento de taparse los ojos ni el vicio adolescente de pensar que la culpa siempre es de los otros.
No puedo en este breve escrito hacer el análisis que corresponde al conjunto de la sociedad española con urgencia y cierta calma, pero sí debo decir que esta reflexión debe extenderse sin límites y sin prejuicios a todos los agentes políticos, sociales e institucionales; no para alumbrar una nueva regulación omnicomprensiva de todas esta realidades, sino para intentar alumbrar un diálogo veraz y sin prejuicios para entender lo que nos pasa, que es requisito imprescindible para intentar saber qué debemos hacer entre todos en clave de responsabilidad para construir una sociedad comprometida con las libertades de todos y más blindada frente a las tentaciones totalitarias de cualesquiera.
Desde Proyecto Avanza asumimos como misión ayudar a que la sociedad española afronte esta necesaria reflexión y ayudaremos a convertir este planteamiento de política responsable y seria en eje de nuestra presencia pública, desde la sociedad civil hoy y desde el parlamento y el gobierno mañana si los españoles así lo quieren.
